Asesinato de Monseñor Romero "es crimen de Estado"

El gobierno de El Salvador pidió ayer perdón -por primera vez- por el crimen del arzobispo Oscar Arnulfo Romero y reconoció la participación del Estado en el homicidio consumado hace tres décadas por un escuadrón de la muerte.

"Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño por ese magnicidio perpetrado hace treinta años", dijo el presidente Mauricio Funes.

La Administración de Mauricio Funes se convirtió en el primer gobierno de El Salvador (país que sufrió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992), que reconoce el homicidio de Monseñor Romero como un crimen de Estado.
Durante 20 años consecutivos de gobierno, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se negó a reconocer e investigar el asesinato, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ordenó en el 2000.
El presidente Funes dijo en un acto realizado ayer en la capital salvadoreña: "Reconozco que el entonces arzobispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, el 24 de marzo de 1980 fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte".
"Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño por ese magnicidio perpetrado hace treinta años (...) pido perdón, en primer lugar a la familia de monseñor Romero, a quien hago llegar mis más sinceras condolencias y mi respaldo incondicional en su lucha por el esclarecimiento de la verdad", dijo emocionado el mandatario.
Funes, que llevó al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por primera vez al poder el año pasado, considera a Romero como el "guía espiritual" de su gobierno.
El mandatario develó un mural del arzobispo en el aeropuerto internacional de El Salvador, 45 kilómetros al sur de San Salvador.
Romero, un sacerdote jesuita, fue asesinado de un disparo al corazón mientras oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980, tras hacer insistentes llamados a la paz y a integrantes del Ejército para que desoyeran órdenes de atacar civiles.
Funes aseguró ayer que el gobierno no pedirá la derogatoria de la Ley de Amnistía porque eso le corresponde a la Asamblea Legislativa, y afirmó que la Fiscalía General de la República puede investigar crímenes como la muerte de Romero.
“La ley no es un obstáculo para investigar el asesinato de los jesuitas, la ley no es un obstáculo para investigar las graves violaciones a los derechos humanos, lo único que es un obstáculo para todo ello es la voluntad política de los órganos jurisdiccionales investigar o no investigar”, aseveró.
Recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley para casos de graves violaciones a derechos humanos.
“La decisión ya no es del Ejecutivo y yo diría que ni siquiera del Legislativo, la decisión es del Órgano Judicial”, aseguró. Instó a los periodistas a que pregunten al Fiscal General, Romeo Benjamín Barahona, por qué no abre un expediente del crimen de Romero.
“Vayan a preguntarle al Fiscal por qué no abre un expediente en ese caso y vayan a preguntarle a los órganos jurisdiccionales por qué no se inicia una investigación en esos casos. Y pregunten a los diputados si piensan derogarlos o no, pero no le carguen únicamente al Ejecutivo una presión inmerecida”, dijo.
El presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea Guillermo Ávila Qüelh, de Arena, dijo desconocer una resolución en el sentido que aseguró Funes. “Me abstengo a declarar, ya que no sé en qué contexto dio esas declaraciones. Será interesante el debate. La Ley no es inconstitucional”, dijo el diputado.
Asimismo, Medardo González, del FMLN, respondió que es necesario reflexionar sobre la derogación de la ley. Se mostró abierto, pero no pidió categóricamente la derogatoria.
La Corte resolvió el 26 de septiembre de 2000, que aunque la Ley es constitucional, “el juzgador deberá determinar en cada caso concreto cuándo opera” una excepción y que, “si los hechos que dieron origen a la responsabilidad civil (...) no han sido amnistiados o la amnistía contraviene la Constitución, el reclamo de indemnizar es viable ante los tribunales”.