Mons. Romero inspira decreto de la ONU

Jueves, 08 Julio 2010

Redacción ContraPunto

SAN SALVADOR – El Consejo de Derecho de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), propondrá a la Asamblea General declarar el 24 de Marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad y de la Dignidad de las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, en honor al arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980.

Romero fue reconocido por su opción por los pobres, sobre todo la búsqueda de la verdad y el respeto a la dignidad de las personas, en los momentos de convulsión social por los que atravesaba El Salvador, en los años setenta e inicios de los ochenta.

Este año se celebró de forma masiva el treinta aniversario de su muerte, y a pesar del reconocimiento de parte del Estado de su asesinato, el crimen sigue impune.

Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por miembros de los escuadrones de la muerte, según un informe de la Comisión de la Verdad.

Donan fotografías inéditas de monseñor Romero

Redacción ContraPunto


SAN SALVADOR - En un hecho inimaginable, una colección de diapositivas a color sobre monseñor Óscar Arnulfo Romero fue donada al Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). La donación muestra un perfil cronológico del religioso salvadoreño más universal de todos los tiempos.

El MUPI recibió un cofre de fotografías de manos de la señora Santos Delmi Campos, a quien el mismo monseñor Romero le confió en vida la custodia de las imágenes, según informaron fuentes del museo.

“Se trata de un tesoro documental que nos muestran rasgos humanos de Monseñor Romero en medio de su vida cotidiana, mientras que algunas de estas imágenes tomadas por él mismo, nos revelan su pasión por la fotografía. Algunas escenas fueron captadas hace más de cincuenta años y contienen una interesante riqueza etnográfica, con rostros y paisajes de diferentes regiones de El Salvador”, afirmó el director del MUPI, Carlos Henríquez Consalvi.

Al enterarse de la exposición “Monseñor Vive”, organizada por el MUPI, Santos Delmi Campos decidió donar al museo lo que durante 33 años mantuvo bajo su custodia. Fue el mismo 24 de marzo que se registraron los hechos, misma fecha en la cual sociedad civil, entidades religiosas y gobierno salvadoreño conmemoraron la vida y obra de monseñor Romero.

El donativo consiste en una colección de diapositivas a color inéditas hasta la fecha. En ellas pueden verse a un monseñor Romero como seminarista, recorriendo El Salvador y visitando otros países.

Para el director y personal del MUPI, fue una sorpresa que este legado iconográfico fuera entregado el mismo 24 de marzo, al cumplirse 33 años del martirio de monseñor Romero. Las fotografías están siendo digitalizadas y tratadas por un equipo técnico conformado por Carlos Eduardo Colorado y Rodolfo González con la idea de mostrarlas al público en una nueva exposición.

Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, mejor conocido como monseñor Romero, nació en Ciudad Barrios, en el departamento oriental de San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Romero provenía de una familia humilde y era el segundo de ocho hermanos.

El informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 1993, luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1992) entre la insurgencia y el gobierno, establece que el ex mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue el actor intelectual del asesinato.

Monseñor Romero fue perseguido hasta sus últimos días, sin embargo, su palabra a trascendido a través del tiempo, a tal grado que en la actualidad existe la posibilidad de nombrarlo santo, aunque muchas personas ya la conciben como "San Romero de América".

Funes corrige su propia plana en tema de corrupción

Redacción ContraPunto
El gobierno ha investigado unos 100 casos de corrupción desde 1992 a 2009. Hay casos que pudieran ser judicializados. La pregunta es: ¿Cuándo?

SAN SALVADOR
– El presidente Mauricio Funes se metió a sí mismo en el “ojo del huracán”, cuando hizo declaraciones el pasado 16 de marzo, en la ciudad oriental de Sesori, referentes al tema de corrupción.

Los medios de prensa recogieron partes del discurso de Funes, que en gran medida fue dedicado al tema de la corrupción y a la “nueva visión” que se tiene sobre estas prácticas que han sido comunes, no sólo en El Salvador, sino en todas partes del mundo, pero que han traído graves consecuencias para las naciones y sociedades.

La corrupción, se sabe, puede ser desde el uso de recursos del Estado en beneficio de un funcionario, hasta servirle al crimen organizado desde estructuras para asolapar actos criminales, según dijo Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia del actual gobierno.

También, agregó otras como: “evasión deliberada de impuestos, tráfico de influencias, filtraciones de informaciones privilegiadas para ganar licitaciones, recepción de sobornos, despilfarro de recursos y nepotismo”.

Esas son algunas formas de corrupción que se sucedieron en los cuatro anteriores gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que hasta el momento muy poco se han investigado judicialmente, pero que ha estado expuesta a la luz de toda la sociedad.

¿Quién sino el nuevo gobierno…?

Funes, siendo candidato presidencial por el FMLN, se comprometió en marzo de 2009, a unos días de las elecciones presidenciales, a combatir decididamente la corrupción, incluso, existes grabaciones en las que dijo que la cárcel no será sólo para los “ladrones de gallina” sino también para los corruptos.

Es por eso que sus palabras en Sesori han causado revuelo y sorpresa cuando expresó el pasado 16 de marzo, en una parte de su discurso lo siguiente:
… ESTANDO EN ESTADOS UNIDOS, LEÍ UN ARTÍCULO DE UN PRESTIGIOSO MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO DONDE SE ME CRITICABA DE QUE YO NO ESTOY HACIENDO NADA POR LA CORRUPCIÓN, POR COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FALTA INFORMACIÓN, POR ESO ES QUE PIDO MAYOR SERIEDAD.
DESDE UN PRINCIPIO, COMENZAMOS A INVESTIGAR ADMINISTRACIONES ANTERIORES, IDENTIFICAMOS PRÁCTICAS CORRUPTAS, PERO YO NO HAGO PUBLICIDAD DE ESO, NI ME INTERESA PERSEGUIR A LOS CORRUPTOS, ME INTERESA ELIMINAR ESAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ESE ES EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE Y A USTEDES DE QUE LES SIRVE QUE METAMOS A LA CÁRCEL O …PÚBLICAMENTE A EX FUNCIONARIOS QUE VIVÍAN EN FORMA INESCRUPULOSA DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO FAVORECIENDO A DETERMINADAS EMPRESAS O A DETERMINADOS EMPRESARIOS Y A USTEDES DE QUE LES SIRVE SI LA CARRETERA NO SE CONSTRUYE, Y A USTEDES DE QUE LES SIRVE DE QUE HAYA TODA UNA PERSECUCIÓN Y UNA EXHIBICIÓN PÚBLICA DE FUNCIONARIOS QUE EN EL PASADO HACÍAN DE LA CORRUPCIÓN UNA PRÁCTICA COTIDIANA Y FRECUENTE Y MIENTRAS TANTO USTEDES SIN EMPLEO, LOS AGRICULTORES SIN CRÉDITO, SIN SEMILLA PARA TRABAJAR, SIN APOYO DE PARTE DEL GOBIERNO EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, SIN SEGURIDAD JURÍDICA PORQUE NO TIENEN TITULO DE PROPIEDAD, LAS MUJERES QUE VIVEN SOLAS, LAS MADRES SOLTERAS, SIN APOYO DEL GOBIERNO, LOS ADULTOS MAYORES QUE NUNCA HAN COTIZADO Y QUE YA TIENEN MÁS DE 60 AÑOS Y QUE TIENEN QUE RETIRARSE PORQUE YA NO TIENEN FUERZAS PARA TRABAJAR, SIN UNA PENSIÓN QUE LES PERMITA VIVIR… (Texto tomado http://www.presidencia.gob.sv/discurso/2010/03/disc1601.html ).
Al leer el discurso íntegro se podría llegar a una noción más amplia de los conceptos que Funes tiene sobre la corrupción, más allá del párrafo indicado. Hay que tomar en cuenta que aquel fue un discurso seguramente muy improvisado o la transcripción de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia no está correcta, y lejos de ayudar, hunde al mandatario.

Después de lo acontecido, el Secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, y el propio presidenteFunes, dieron declaraciones para tratar de enmendar la “metida de pata”.

El viernes 19 de marzo el presidente Funes dijo lo siguiente, tratando de enmendar su propia plana:

“… USTED SABE QUE LAS PALABRAS, CUANDO SE SACAN DEL CONTEXTO QUE SE DICEN, PIERDEN SU SENTIDO INICIAL Y ESO FUE LO QUE OCURRIÓ. QUÉ DIJE YO: AQUÍ HAY DETRACTORES QUE ME ESTÁN INSISTIENDO, EN QUE HAY QUE PERSEGUIR A LOS CORRUPTOS Y HAY QUE PERSEGUIRLOS. AHORA UN GOBIERNO NO SE PUEDE LIMITAR ÚNICAMENTE CON PERSEGUIR A UN CORRUPTO, NO ES ESA NUESTRA FUNCIÓN ÚNICAMENTE.
CUÁL FUE EL SENTIDO DE MI EXPRESIÓN?, EL GOBIERNO NO VA TOLERAR AL CORRUPCIÓN, YO COMO PRESIDENTE NO VOY A TOLERAR LA CORRUPCIÓN, VOY A INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN DEL PASADO, PERO NO ES A MI A QUIEN ME TOCA LLEVAR A LA CÁRCEL A LOS CORRUPTOS, NO SOY YO QUIEN LOS PONGO TRAS LAS REJAS.
LOS RESULTADOS DE ESA INVESTIGACIÓN QUE ESTÁ HACIENDO LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA, EN ALGÚN MOMENTO TENDRÁ QUE PASARSE A LOS TRIBUNALES, A TRAVÉS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE SEA EL MINISTERIO PÚBLICO QUIEN DECIDA SI HAY SUFICIENTE ELEMENTOS DE JUICIO O NO PARA ESTABLECER O UNA MERA SANCIÓN ADMINISTRATIVA O INCRIMINAR Y ACUSAR A ESTAS PERSONAS DE ALGÚN DELITO. (Declaraciones a la prensa del 19 de marzo de 2010: http://www.presidencia.gob.sv/declaraciones/2010/03/dec1901.html ).


Al contrastar las dos declaraciones textuales, se puede evidenciar un giro entre la primera y la segunda. No es lo mismo decir “NI ME INTERESA PERSEGUIR A LOS CORRUPTOS”, que manifestar: “NO ES A MI A QUIEN ME TOCA LLEVAR A LA CÁRCEL A LOS CORRUPTOS” .

Ciertamente, en una democracia el órgano ejecutivo no puede usurpar las funciones de los demás órganos del Estado. Pero es el gobierno el que puede tener la información. Es el ministerio de Hacienda el que sabe quién evade y elude impuestos y quién contrabandea.

Por el momento, excepto algunas denuncias que hizo el ministro de Gobernación, Humberto Centeno, un tiempo después en contra de ex funcionarios del gobierno de Antonio Saca, no ha habido ninguna otra iniciativa para procesar a los corruptos.

La famosa investigación

El presidente Mauricio Funes, a principios de febrero pasado, luego que el Coordinador del FMLN, Medardo González, le reclamara por no investigar la corrupción que se habría cometido durante el gobierno de Antonio Saca, dio a conocer que ya había encomendado a la Subsecretaría de Transparencia, a cargo de Marcos Rodríguez, que investigara, no sólo los hechos durante Saca, sino de todos los gobiernos “areneros”.

El 16 de febrero pasado, es decir, hace más de un mes, ContraPunto entrevistó a Marcos Rodríguez. En tal ocasión el subsecretario de transparencia dijo: “Bueno, nuestro informe no es público; es un informe al Presidente... él nos lo solicitó. Es un informe preliminar y posiblemente será completado más adelante. Lo fundamental no es tanto la sanción, aunque hay casos que pudieran ser judicializados. Vamos a aprender y a descubrir dónde están las goteras... Algunos casos son bastante más que goteras...”.

¿Qué quedó claro entonces, el 16 de febrero de 2010? Que había ya un informe preliminar, que se investigaron después de los acuerdos de paz y que había casos que podrían ser judicializados.

El gobierno tiene la palabra. El presidente juró cumplir la Constitución, que es defender al Estado y la sociedad. Donde quiera que haya delito, el Estado debe actuar de oficio. Si hay un legado, extraoficialmente, de más de 100 casos investigados sobre prácticas corruptas, éstas deben ser entregadas a la Fiscalía para que investigue e inicie procesos.

La pregunta es: ¿Cuándo?

En el caso Romero, la Amnistía ya no aplica

“En el caso Romero, la Amnistía ya no aplica”, dice gobierno
Lunes, 22 Marzo 2010

Cualquier caso considerado como crimen de lesa humanidad puede ser procesado en El Salvador porque no es prescriptible ni amnistiable, según la propia sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por Juan José Dalton

SAN SALVADOR
– “Como Estado Salvadoreño hemos reconocido la verdad sobre el caso de Monseñor Romero, que está contenida en el Informe de la Comisión Interamericana y que es coincidente con el Informe de la Comisión de la Verdad”, dijo enfático a ContraPunto el director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales.

Según esa Comisión de la Verdad, el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, fue asesinado por un Escuadrón de la Muerte, de ultraderecha, bajo el mando de Roberto D´Aubuisson (ya fallecido). Entonces, la llamada guerra sucia era parte de seguridad del Estado.

A diferencia de los anteriores gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que siempre tomaba una actitud defensiva frente a los reclamos, recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, la actual administración encabezada por Mauricio Funes, ha sido tácita en aseverar que se ha reconocido la autoridad del sistema interamericanos de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, así como de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (ONU).

Morales, un experto y defensor de la causa de Romero y de los Derechos Humanos desde distintos organismos de la sociedad civil y ahora como funcionario oficial, aclara que el gobierno está cumpliendo con el mandato vinculante emanado para el caso Romero, de parte de los organismos internacionales. No obstante, el Ministerio Público ni el sistema de justicia hacen lo propio, como tampoco el órgano legislativo en los cambios de leyes.

David Morales explica en esta entrevista otro tema importante que no ha sido muy tomado en cuenta para tener acceso a la justicia, quizás por desconocimiento en algunos casos, cuando no por displicencia del sistema judicial y es la inaplicabilidad de la Amnistía de 1993 para el caso de graves actos contra los derechos humanos durante el conflicto armado; ello debido a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2000.

Es decir, cualquier caso considerado como crimen de lesa humanidad puede ser procesado en El Salvador porque no es prescriptible ni amnistiable, según la propia sentencia del máximo tribunal.

¿Nos puede clarificar cuál es la posición de El Salvador frente al caso de Monseñor Romero ante la justicia interamericana?

“La posición que hemos adoptado como Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es el reconocimiento de la autoridad de dicha entidad, de su informe y de sus recomendaciones. Estamos en un punto de avanzada respecto a muchos otros países americanos en lo referido al reconocimiento de la autoridad de la comisión y del carácter vinculante de sus recomendaciones”.

¿Qué significa eso?

“Significa que hemos reconocido la verdad sobre el caso de Monseñor Romero, que está contenido en el informe de la CIDH y que es coincidente con el Informe de la Comisión de la Verdad (1993). Hemos reconocido también con la obligación de llevar adelante y de cumplir con las recomendaciones”.

¿Qué implica eso?

“Implica a todas las instituciones y órganos del Estado, de acuerdo a nuestro sistema de competencias. De acuerdo a ello, el gobierno tiene potestades para avanzar en materia de reparaciones para las víctimas: simbólicas, morales y materiales. Hemos incluido a las víctimas y a la sociedad civil en el proceso de diálogo, no sólo en el caso Romero, sino en los restantes y hay avances concretos en materia de reparaciones”.

¿Por ejemplo…?

“Hay un proyecto de corto plazo de crear una comisión asesora para gestar por primera vez en la historia de El Salvador, desde el ejecutivo, un plan de reparaciones a víctimas del conflicto armado. En el próximo mes de abril esto debería concretarse. Tenemos avances significativos”.

¿Qué pasa con los demás órganos del Estado?

“Hay algunos compromisos pendientes que atañen al sistema de justicia, particularmente a tribunales de justicia que han conocido casos concretos y a la institución del señor Fiscal General de la República. Estamos recibiendo señalamientos de que necesitamos avanzar en materia de investigación de muchas de las violaciones a derechos humanos, que hemos reconocido como Ejecutivo que se produjeron y de las cuales tenemos que dar pleno reconocimiento de los recomendaciones y de sentencias”.

¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos?

“Es un tema de agenda del Fiscal y de los Tribunales que debe ventilarse en El Salvador”.

¿Cuál es la causa de que algunos casos se han ventilado en los tribunales salvadoreños y otros no?

“Lo que ha ocurrido en El Salvador es un fenómeno de impunidad histórica, reiterada. El sistema de justicia no actuó oficiosamente en los casos. Una situación es el impedimento material, ya que si se quisieran investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil sería imposible investigarlas todas. Fueron decenas de miles. Ahorita quedan sin investigación muchas de las situaciones actuales, imagínense cómo será con las que ocurrieron hace 30, 20 años…”

¿Ni hubo voluntad?

“Exacto, tampoco hubo voluntad… Por tanto, las investigaciones y los procesos que se abrieron aquí fueron por iniciativa de las víctimas y de organizaciones de los derechos humanos que las representaban. Entonces, donde hay casos es porque las víctimas trataron de impulsar esos casos. Los casos que avanzaron fueron: La Masacre de El Mozote, jesuitas, algunos casos de desaparecidos… Pero aún en estos casos tenemos ausencia de investigaciones, de impulso de las instituciones de justicia, por lo tanto, seguiremos siendo señalados como incumplidores a nivel internacional en materia de derechos humanos”.

Pero estas instituciones de justicia alegan y se escudan en la Amnistía…

“Bueno, lo que tenemos es un esfuerzo de organizaciones civiles y de familiares de víctimas por presentar alegatos que indican que la Ley de Amnistía ya no surte efectos jurídicos para las violaciones de los derechos humanos, porque esto ya fue declarado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el año 2000. Es decir, la Sala dice que si se aplica la amnistía para casos de violaciones graves de derechos humanos, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad”.

¿Quiénes deciden eso?

“Esto lo deben decidir los operadores directos, los aplicadores de justicia. Este argumento jurídico no ha sido argumentado en contra ni ha perdido validez en las sedes judiciales. Lo que ha ocurrido internamente es que hay números denuncias en las que se sostiene la tesis de la inaplicabilidad de la amnistía y que no surte efecto. Pero en ocasiones no surte efecto para algunas autoridades judiciales. En el caso de la masacre de El Mozote, se llevan tres años desde la petición y el juez de la causa no se ha pronunciado. Hay otras varias denuncias que se interpusieron ante las anteriores dos fiscales que tampoco han sido tramitadas ni han recibido respuestas. Entonces, en realidad, las instituciones de justicia no han tomado una posición contundente sobre la aplicabilidad o no de la Amnistía. Es necesario que se abra el debate nacional sobre este tema”.

¿Cuál es el sentido e importancia real para la sociedad el pedido de perdón que hará el presidente Funes en el caso Romero?

“Los actos de esta naturaleza son actos de desagravio estatal que revisten una enorme importancia simbólica, porque este crimen se perpetró por agentes del Estado o de grupos ilegales armados que actuaban bajo la tolerancia o bajo el apoyo del Estado. Hay una responsabilidad del Estado por estos crímenes. Romero fue víctima de un Escuadrón de la Muerte; su martirio fue el símbolo de la victimización de miles de personas que murieron a manos de este tipo de estructuras. El presidente Funes pidió un perdón general que reunió rigurosamente los estándares nacionales para este tipo de actos. Las organizaciones romeristas solicitaron al gobierno que hubiera un perdón específico por el caso de Mons. Romero, por su simbolismo”.

El Estado reconoce su responsabilidad…

“Así es. Pero no sólo eso, sino que dignifica a Monseñor Romero y a la sociedad victimizada. Reivindica a Monseñor como un ejemplo a seguir. Las consecuencias de estas medidas pretenden garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro. El Estado asume también un compromiso de prevenir. Además se va a elaborar un video, se va a construir una plaza estatal, incluso, trabajo en materia educativa en las escuelas y trabajo en derechos humanos hacia los miembros del ejército y la policía, como medida para evitar en el futuro de hechos semejantes”.